Observatorio internacional – Chile: Nuevo Reglamento para la Objeción de conciencia intenta zanjar diferencias del Ejecutivo con la Contraloría General de la República

Julio de 2018

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Por María Inés Franck

Como es sabido por nuestros lectores, desde que a fines del 2017 el Congreso de Chile aprobó la despenalización del aborto en tres causales (ley 21030), el foco mediático estuvo colocado en la posibilidad de las clínicas de ejercer el derecho a la objeción de conciencia institucional o de ideario.

Por esta razón, en enero de 2018 el Gobierno chileno estableció un Protocolo para la manifestación de la objeción de conciencia ante casos de aborto, que exigía a los establecimientos para poder invocar la objeción de conciencia institucional permitida por la ley sancionada, que no estuvieran adscriptos al Sistema Nacional de Servicios de Salud a través de algún convenio. En marzo de 2018, la nueva administración chilena eliminó este requisito, hecho que provocó que el 9 de mayo pasado la Contraloría General de la República de Chile emitiera un dictamen en el cual se declaraba ilegal esta supresión.

Así las cosas, el 29 de junio pasado el Ministerio de Salud reformó mediante Decreto N° 67 el Protocolo original

Se mantiene que la objeción de conciencia es personal y también podrá ser invocada por una institución (art. 1). Entre los objetores de conciencia a nivel personal se encuentran el médico cirujano requerido para practicar el aborto, así como el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Sin embargo, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida, “quien haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo, cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la misma intervención” (art. 2).

En cuanto a la objeción de conciencia institucional, el art. 14 del Protocolo establece que no podrán invocarla los establecimientos públicos de salud. Sí podrán hacerlo los privados, siempre y cuando no hubieren suscripto convenio alguno con el Ministerio de Salud que contemple prestaciones en el área de obstetricia y ginecología (art. 14). Así y todo, si la mujer se encuentre en riesgo vital, el establecimiento no podrá excusarse de realizar la práctica abortiva (art. 15).

El Poder Ejecutivo intenta, de esta manera, llegar a un acuerdo que permita a las instituciones de salud chilenas expresar y practicar las convicciones explicitadas en sus idearios.

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